Caminos usurpados, montes cerrados. El fin de la última tierra común.

Caminos

Antiguo ferrocarril minero Riotinto-Huelva cortado entre los tramos de la Palma del Condado y Niebla. Foto: Jesús Pérez López.

Caminos, montes públicos, riberas y parajes naturales amenazados por la continuación de la acumulación capitalista de las tierras.

Larga y cruenta es la historia de la acumulación de la tierra en las garras de unos pocos como heroica fue la resistencia campesina frente a la destrucción de su única vía de subsistencia, las tierras comunales. Hoy solo hay que adentrarse un poco en ese agreste y desconocido mundo rural para percatarse de que casi nada queda de aquellas tierras comunales, salvo escuálidos vestigios ocultos en callejas y caminos, e historias increíbles de luchas y dramas como las de El Membrillo Bajo o la de ocupación de fincas en las regiones agrícolas más productivas de Andalucía, como Somonte o Cerro Libertad. Quizás sea la memoria la única tierra que aún no nos ha sido usurpada, pero sin duda, es el objetivo final, hacernos olvidar que estas son nuestras tierras.

¿Ha terminado la usurpación de tierras de uso público? ¿los terratenientes y nuevos “inversores” han dado por satisfecha su codicia? ¿han dejado el Estado y otras entidades públicas al servicio del capital de vender y destruir lo que pertenece al pueblo y a su historia?

Últimos vestigios, nuevos objetivos. Memoria de la última tierra común.

Hablar hoy de tierras comunales adquiere un cariz casi místico y hablar de los medios empleados para su usurpación y de la resistencia frente a esta parece no ser más que ecos de una historia pasada, tan remota y lejana que carece de importancia. Sin embargo, ¿ha terminado la usurpación de tierras de carácter público? ¿los terratenientes y nuevos “inversores” han dado por satisfecha su codicia? ¿han dejado el estado y otras entidades públicas al servicio del capital de vender y destruir lo que pertenece al pueblo y a su historia? Ojalá se pudiera responderse afirmativamente, pero la respuesta es NO. La usurpación de las tierras públicas continúa, pero también lo hace la lucha para defenderlas, y para recuperarlas.

Apropiación de caminos. La acumulación de capital cortando el paso.

La usurpación de los caminos está en marcha. Viejos caminos, que comunicaban los dispersos núcleos de población rural en las zonas de sierra, que llevaban a una fuente de agua o a alguna parte que hoy ni siquiera los propios vecinos y vecinas de esos pueblos recuerdan, están siendo anexionados a las fincas de los grandes terratenientes, sin que las entidades públicas encargadas de velar por el mantenimiento de esos caminos hagan nada en la mayoría de los casos. Como el camino cortado en Fuenteheridos (Sierra de Aracena).

Existen diferentes tipos de caminos públicos de los Ayuntamientos: los de dominio público, que son imprescriptibles, inembargables e inalienables; patrimoniales afectos a un uso o servicio público, que son inembargables; patrimoniales no afectos a un uso o servicio público y servidumbres públicas de paso, los cuales carecen de blindaje alguno. A su vez, la normativa establece que los Ayuntamientos son los responsables de la conservación de caminos y vías públicas. La ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en su artículo 32, establece la obligación de las administraciones públicas de inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, en el caso andaluz ésta se ve reforzada por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que además en su artículo 3 específica que los caminos cuya titularidad pertenece a la entidad local son bienes de dominio público. Sin embargo, en una, como mínimo, dejación absoluta de funciones a este respecto, una gran parte de los municipios ni siquiera han llegado a realizar dicho inventario lo que ha terminado llevando a que muchos caminos se hayan perdido en el abandono y otros muchos hayan sido usurpados por los grandes propietarios con total impunidad, aún cuando la usurpación de propiedad pública se encuentra recogida dentro del Código Penal.

En el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche el cálculo de tramos de caminos y vías pecuarias cortados asciende a 200, en la sierra onubense el 97% del territorio se encuentra en manos privadas.

La apropiación de los caminos públicos está teniendo lugar en todo el territorio español. Por ejemplo, en La Pesquera y Minglanilla (Cuenca) los terratenientes cerraron caminos que conducían por El Parque Natural de las Hoces del Gabriel. En Lugros (Granada) hicieron lo mismo con la Cañada Real de los Potros; donde en 2007 los activistas de diversas organizaciones procedieron a desalambrar el camino, y como resultado obtuvieron una multa de 3000€ y la imputación penal de seis personas, pero ninguna medida contra los usurpadores. En la Sierra de Córdoba de 67 caminos públicos, 44 se encuentran total o parcialmente cortados, en otros municipios del norte el 80% de los caminos han sido cerrados. También en Martinamor (Salamanca), en Formentor, en Óvila, en Segovia el camino de La Pedrona pasó a ser parte de la finca de caza, La Sauca, propiedad de los descendientes del general Martínez Campos. También en Segovia, la Colada de Fuentepelayo a Hontalbilla en Lastras de Cuellar y el “Cordel de Años Impares” en La Lastrilla han sido anexionados a fincas. En el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche el cálculo de tramos de caminos y vías pecuarias cortados asciende a 200, en la sierra onubense el 97% del territorio se encuentra en manos privadas. En la comarca de Las Merindades (Valle de Manzanedo) propietarios (inmobiliaria Gesnor) han cerrado caminos en la zona de El Hayadal, incluyendo el Sendero Natural del Ebro GR99 (este ya recuperado) y dos puentes sobre el río Ebro, que siguen cerrados. Lo mismo ha sucedido con los caminos de Mérida a Alcuescar y a Montachez. El año pasado los vecinos de La Barca denunciaron la usurpación de dos caminos (camino público de Jerez a Gigonza y camino de los Pinos) ante la dejadez de su Ayuntamiento.

La situación es aún más grave en aquellas regiones donde la inminente desaparición del mundo rural llegó hace tiempo. Este es el caso del Valle de Manzanedo (Burgos) donde hasta dos pueblos enteros (Fuente Humorera y Rioseco) pasaron a formar parte de la finca de 800 hectáreas del empresario ganadero Alfonso Pérez-Andújar Escudero custodiada por una alambrada de 2 metros de altura. Proceso que se llevó a cabo bajo el beneplácito del ayuntamiento de Valle de Manzanedo que permutó los caminos para entregarlos como presente al nuevo cacique. O Villaescusa de Palositos (Guadalajara) pueblo deshabitado desde los años 70 y que, ahora se encuentra totalmente secuestrado por el coto de caza propiedad del constructor bilbaíno José Ramón Lázaro Núñez, quien posee el 70% del pueblo, excepto los caminos, ahora cerrados y el cementerio, y la iglesia declarada Bien de Interés Cultural (BIC) que pertenece al arzobispado. Desde 2006, pese a que ese primer año no les permitían el paso por el camino público, los vecinos y vecinas de esta aldea y sus descendientes realizan la Marcha de las Flores, una entrega floral en memoria de los que quedaron para siempre secuestrados en el cementerio y por los recuerdos de su pueblo, al mismo tiempo que reivindican la apertura definitiva de los caminos públicos y la restauración de la iglesia.

El caso de Juan Clavero: cuando defender la tierra es motivo de persecución.

Caminos

Juan Clavero, víctima de montaje policial y activista de Ecologistas en Acción.

De destacar es también la compra por parte de un inversor belga de 1500 hectáreas del Parque Natural Sierra de Grazalema y el cierre de los caminos que por allí transcurrían con la intención de aislar por completo la zona, pese a que debía respetar estos. Las protestas, que lograron detener la construcción de un helipuerto, llevaron a la detención de Juan Clavero, un destacado activista del movimiento ecologista, montaje de por medio. Le encontraron la cantidad exacta de cocaína para garantizar una pena de cárcel de tres a cuatro años tras una llamada anónima. En mitad de un carril rural, tres guardias civiles le dieron el alto, y registraron toda la furgoneta hasta encontrar los 47 gramos de cocaína, que un desconocido había introducido. Caso cerrado.

Y es que defender la tierra ha sido siempre y sigue siendo una actividad de alto riesgo, pues implica interponerse en el camino de la mayor mafia planetaria, la que quiere dominar la tierra, fuente de toda riqueza, para así doblegar también a los pueblos que la habitan. 185 activistas asesinados solo en 2015 (66% en Latinoamérica), en España la actuación de la mafia depredadora es mucho más moderada: trampas, sobornos, denuncias falsas, agresiones, amenazas de muerte, destrozos, difamaciones…

La acumulación de capital.

Solo grandes empresas y fondos de inversión acceden a la propiedad de la tierra, entramado favorecido por la Política Agraria Comunitaria (PAC) que subvenciona en función de la superficie, así el 18% de los beneficiados recibe el 76% de las subvenciones.

Esta nueva usurpación de tierras, como se ha visto, relativamente más frecuente en zonas serranas, tiene como principales responsables a unos nuevos terratenientes: bancos, constructoras e industriales que han visto en la tierra, como otrora lo hicieran otros, una fuente de riquezas, amén de grandes empresas agroalimentarias. El principal objetivo de los primeros es crear cotos de caza, mientras que el de los últimos producir y ganar cuota de mercado. 898 sociedades mercantiles acaparan 602634 hectáreas, de estas 305 disponen de 498412 hectáreas. Algo que se ha promovido mediante la especulación con los precios de la tierra. La hectárea media subió de 5272€ a 10974€ entre 1997 y 2008. En consecuencia, solo grandes empresas y fondos de inversión acceden a la propiedad de la tierra, entramado favorecido por la Política Agraria Comunitaria (PAC) que subvenciona en función de la superficie, así el 18% de los beneficiados recibe el 76% de las subvenciones.

En este sentido, el mismo inversor belga antes mencionado y José Miguel Herrera, anterior propietario de las fincas y representante de los intereses de la sociedad, han presentado un proyecto para construcción de una nave y un cortijo de lujo para unificar las explotaciones de las fincas Llanos del Espino, Valdihuelo y El Moro en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema, para poder atraer a cazadores de alto nivel adquisitivo. También en el Parque Natural de Penyagolosa, un empresario solicitó en enero de 2017 la constitución de un coto de caza mayor bajo, de nuevo, el beneplácito de las instituciones públicas, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático en este caso. Y es que las instituciones públicas tienen como objetivo sacar rédito económico del monte público, aunque esto suponga su privatización total o parcial y temporal, como en Constantina (Sierra Norte de Sevilla), donde el propio Ayuntamiento cerró un monte público por lo peligroso que resultaba caminar en su entorno debido a la presencia de cazadores.

Usurpación de ríos y arroyos.

No solo los caminos públicos están siendo usurpados por los grandes propietarios, sino que también las riberas de ríos y arroyos, el dominio público hidráulico, están sufriendo un destino similar, pese a que la Ley de Aguas y Reglamento de Dominio Público Hidráulico considera a las riberas fluviales parte de los Montes del Patrimonio Forestal del Estado.
Así está ocurriendo a lo largo de las riberas del río Guadaíra, mientras el proyecto de deslinde, que se anunció hace años, permanece paralizado, palmo a palmo, el entorno de este río se va convirtiendo en propiedad privada. Lo mismo está ocurriendo en el río Guadalete, y pareció solucionarse hace unos años en el río Odiel. Y no solo se han apropiado o intentado las tierras de las riberas de los ríos, sino que también lo han hecho con las aguas. Por ejemplo, el administrador único de la finca “Las Madres” fue condenado por usurpar las aguas públicas del Paraje Natural de la Laguna de las Madres. Se le impuso una multa de 50000€ y el cierre de la captación de aguas, a pesar de que ya tenía abierto dos expedientes administrativos por construir una balsa que afectaba al dominio público hidráulico y por esa misma captación ilegal.

Memoria de la última tierra común.

Caminos, montes públicos, riberas, e incluso parajes con algún grado de protección se ven continuamente amenazados por la continuación de la acumulación capitalista de las tierras y de sus recursos, naturales y humanos, ya sea a través de la propiedad privada o de la propiedad del estado que los coloca, sin remordimientos, al servicio de la primera si el beneficio económico así lo aconseja. Usurpados ilegalmente por grandes propietarios o condenados al abandono y a la desaparición del imaginario colectivo, los últimos reductos de las tierras comunales siguen en pugna, en la última lucha por los recuerdos del viejo mundo rural. Porque, aunque seamos, de nuevo, vencidos en esta lucha por la tierra, quedará la memoria, la última tierra que nos será usurpada, el último bastión que nos permitirá mirar a los montes y caminos sabiendo que esta es nuestra tierra.

Jesús Pérez López.