Terrorismo de estado e impunidad, 1978. La Ultraderecha.

utraderecha

Atentado en el Scala en Barcelona.

El año de la culminación del “todo atado y bien atado”. Terrorismo de estado e impunidad. 1978. Primera parte: La ultraderecha.

2018 y seguimos encadenados a la Constitución de 1978. Inamovible, inalterable, parece que aquellas circunstancias tan concretas en las que se redactó, tras tantos años de dictadura, deban atarnos para siempre a cada una de sus líneas, incluso aunque sean cumplidas únicamente para lo que les interesa. Tampoco parece quedar desacreditada en su vigencia por el hecho de que de los conocidos como “padres de la Constitución”, los siete ponentes que se encargaron de su redacción, pueda salvarse tan poco, más bien nada, de la quema que supone su relación directa con el franquismo (el falangista ex miembro de las Cortes franquistas Gabriel Cisneros, de UCD, que acabaría por ingresar en el PP, o el sempiterno fundador de AP Manuel Fraga), o las posiciones de compadreo disimulado con lo anterior ( los otros dos miembros de UCD, José Pedro Pérez-Llorca y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, otro que ya en 1982 ingresaría en AP y de ahí al PP hasta 2004). Si ya con estos cuatro queda claro de que pata podía cojear el neonato, no es que Gregorio Peces-Barba (PSOE) y Jordi Solé Tura (de la línea carrillista del PCE y que además terminaría ocupando el Ministerio de Cultura con Felipe González tras pasarse a los de la rosa). El séptimo ponente, guiño a lo que se conocía como “minoría catalana”, Miquel Roca  (CDC), que acabaría fundando un partido-experimento creado por la banca, el PRD, con su socio Florentino Pérez (el que estáis pensando) y varios personajes de esos que al final siempre acaban juntándose en el PP o sus satélites (UPN, UPD…). Vamos, que los creadores de nuestras ataduras fueron un selecto grupo de lo más “plural”. También resulta curioso que parte de quienes nos recuerdan que la Constitución fue aprobada en referéndum por nuestros padres y abuelos, olvidan como en su día denunciaron las irregularidades que se vivieron en el mismo. Son los mismos que ningunean el referéndum por la independencia de Catalunya o las elecciones en según que países en base al porcentaje de participación, los que nos cuentan, por ejemplo, que incluso los vascos votaron favorablemente, omitiendo que en cuatro provincias (Gipuzkoa, Bizkaia, Lugo y Ourense) no se llegó al 45% de participación y que en un total de siete el voto por el Sí no alcanzó el 50% del electorado, como es el caso de las cuatro gallegas y las tres de lo que oficialmente conocemos como Euskadi, dándose el caso de que en Bizkaia (30,4%) y Gipuzkoa (27,7%) ni tan siquiera uno de cada tres electores refrendó con su papeleta eso con lo que nos atizan constantemente.

Pues sí con la Constitución Española creada el 31 de octubre de 1978 y ratificada el 6 de diciembre del mismo año, todo quedó “atado y bien atado”, en las calles, la “transición democrática” iba a seguir igualmente anudada, con cárcel, torturas y palos para unos y medallas e impunidad para otros.

Los fríos números nos dicen que lo que oficialmente viene a considerarse terrorismo causó 75 muertes en 1978, uno de los de mayor actividad, con atentados mortales cometidos por GRAPO, MIL, MPAIAC, EPC, Iraultza, Comandos Autónomos Anticapitalistas y ETA, que dejó 63 victimas mortales (se le atribuye alguna de gratis, por aquello de que casi nadie se va a preocupar de contrastarlo, luego lo veremos), de las cuales todos vestían uniforme salvo un magistrado del Tribunal Supremo y un teniente de alcalde y un juez de paz vizcaínos, ambos vinculados al régimen. 18 fueron de aquellos considerados civiles, como son un periodista, dos obreros de la Central Nuclear de Lemoiz, 9 personas marcadas como objetivo por considerarse confidentes de las fuerzas de seguridad del estado y 6 más de las que ningún listado oficial recordará que eran reconocidos falangistas y franquistas o ultraderechistas activos de Guerrilleros de Cristo Rey o grupos similares. Aceptando civil como “animal acuático”, llamémosle civiles pues…y comparemos con aquello que no nos recuerdan tanto como lo anterior.

Los diferentes uniformes armados por el estado asesinaron en 1978 al menos a 31 personas (hay un caso añadido que ofrece dudas sobre la autoría, de hecho, oficialmente se le atribuye a ETA).

De estas víctimas dos fueron casos de uniformados matándose entre ellos, 7 eran miembros de ETA y el resto, 22 (o 23 contando ese caso dudoso antes citado), civiles que se manifestaban, se saltaron un control o simplemente tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado en un momento dado o de discutir o convivir con un funcionario del estado que solucionaba las cosas por lo criminal. De ellos daremos cuenta en la segunda parte del artículo sobre 1978, ya que en esta primera entrega nos centraremos en los 11 (uno más si se suma otro caso de autoría dudosa) asesinados por grupos de ultraderecha por aquellos mismos días, de los cuales, como ocurre con las victimas de las fuerzas de seguridad del estado, la mayoría eran civiles, tanto que únicamente el histórico “Argala” puede responder a otra catalogación.

El caso Scala: Montaje contra CNT  por su rechazo a los Pactos de la Moncloa.

Ultraderecha

Los encarcelados por el atentado de la Sala Scala.

El primer atentado ultra del año fue lo que podría denominarse como autoatentado o atentado de falsa bandera. Tras los Pactos de la Moncloa que suponían un claro recorte en los derechos de los trabajadores, la mayoría de sindicatos se habían bajado ya los pantalones. No así CNT, que el 15 de enero de 1978 convocó a sus bases en Barcelona en una manifestación a la que asistieron 15.000 personas. A su término, algunos jóvenes, instigados por un infiltrado policial conocido como “el grillo” lanzaron cócteles molotov contra la fachada de la Sala Scala. Se produjo un incendio descomunal que provocó el derrumbamiento del local y 4 muertes. El problema es que testigos y las propias imágenes de aquello demuestran que hubo un incendio en la parte trasera y que se derrumbó todo menos la zona donde se lanzaron los cócteles…todo perfectamente coordinado para criminalizar a una CNT que ganaba afiliados como la espuma y a la que interesaba muchísimo criminalizar. Murieron 4 trabajadores del local, al menos dos de ellos afiliados a la CNT; Ramón Egea Gómez (45 años, 2 hijos), empleado de la limpieza, asfixiado tras subir a la primera planta para avisar a sus compañeros, Juan Manuel López Masip, electricista de 26 años y los también empleados de la limpieza y mantenimiento Bernabé Bravo Bejarano (47 años, 2 hijas) y Diego Montoro Barajas (43 años, 2 hijos), que quedaron sepultados.

Fragmento del programa documental de RTVE Redes 439 “Se hace un terrorista”.

El quiosquero, que por el emplazamiento de su lugar de trabajo pudo ver el incendio de la parte trasera, murió extrañamente poco después. Desde un inicio se culpó a sectores de izquierdas. Pasados dos días, la policía ya había detenido a los supuestos autores, que no eran otros que los afiliados de CNT que habían lanzado los cócteles según chivatazo del infiltrado policial, que no fue detenido, claro. En los días siguientes se detuvo a 170 personas más (anarquistas, afiliados y afines a la CNT), mientras Joaquín Gambín Hernández (49años), el infiltrado que instigó a los chavales a lanzar los cócteles y que debía saber que es lo que provocó el derrumbamiento, desaparecía del mapa. En busca y captura por el caso que nos ocupa, lo mismo pasaba por la cárcel por un asunto de estafa como era puesto en libertad y hacia vida normal en Murcia, o volvía a ser detenido por un sinfín de delitos (18 de robo, seis de evasión, dos de atentado, tres de quebrantamiento de condena y tres de hurto, falsedad, simulación de delito y uso público de nombre supuesto) sin que las fuerzas de seguridad reparasen en quien era. Tanto que en 1983 fue condenado por tenencia de armas y otros asuntos que sumarían un total de 5 años y 4 meses de condena por cumplir.

La vista sobre el caso Scala fue en 1980. La Fiscalía pidió un acumulado de 309 años de prisión para los seis jóvenes acusados, cuyos abogados defensores solicitaron, sin éxito, que declarase el Ministro Rodolfo Martín Villa. Los acusados denunciaron haber sido torturados y obligados a firmar documentos incriminatorios, fotos sacadas por testigos desaparecieron.

Todo acabó en condenas de hasta 17 años en tres de los casos. Sin embargo, Joaquín Gambín ni siquiera fue juzgado, cosa tan clamorosamente descarada que a finales de 1983 se reabrió el caso y fue condenado a 7 años de los 16 solicitados por la Fiscalía, pero sólo por acudir con armas y por la preparación de los cócteles. A pesar de declarar que había sido reclutado como confidente y para labores de infiltrado por los servicios secretos de la policía cuando años atrás cumplía condena por delitos comunes en la Modelo de Barcelona, no se investigó más sobre sus vínculos con mercenarios de la guerra sucia y la evidente implicación del estado, que consiguió su propósito, defenestrar a la CNT, que presentó una querella criminal contra los responsables del Ministerio del Interior y de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona por sus actuaciones en el caso. “El grillo” siguió acumulando condenas por otros delitos por las que volvía a ser puesto en libertad en escasos meses y sin ningún rubor, al igual que José Juan Martínez Gómez, otro posible infiltrado detenido en un primer momento y que poco después estaba por ahí atracando bancos, mientras los militantes de la CNT José Cuevas Casado (26 años),Francisco Xavier Cañadas Pérez (19) y Arturo Palma Segura (18), condenados a 17 años por homicidio involuntario y fabricación de explosivos, estuvieron 8-9 años a la sombra, Luis Muñoz García (17años), 30 meses como cómplice, María Rosa López Giménez 5 meses por encubrimiento y María Teresa Fabrés Oliveras (17años) , absuelta sin cargos, ya se había comido más de 2 años de prisión preventiva para cuando se celebró el juicio, sin que, por supuesto, nadie le indemnizase por ello. Sobra decir que tanto el inspector José María Escudero Tejada, sospechoso también de estar implicado en la desaparición y muerte de “Pertur”, como el jefe de Brigada Manuel Gómez Sandoval, policías para los que “el grillo” aseguró trabajar, nunca fueron llevados ante un juez.

Tanto el inspector José María Escudero Tejada, sospechoso también de estar implicado en la desaparición y muerte de “Pertur”, como el jefe de Brigada Manuel Gómez Sandoval, policías para los que “el grillo” aseguró trabajar, nunca fueron llevados ante un juez.

Antonio Cubillo Ferreira: el primer atentado reconocido como terrorismo de Estado.

ultraderecha

Miltantes del MPAIAC en 1979.

“Los autores fueron condenados en el país magrebí, a muerte uno (conmutada después por la perpetua) y a 20 años de prisión el otro, aunque tras 7 años fueron indultados por petición del Rey Juan Carlos I y extraditados a España.”

El 5 de abril de este 1978 se cometió en la lejana Argelia el atentado que acabaría por ser el primero en ser reconocido como terrorismo de estado. Antonio Cubillo Ferreira, logró salir vivo del mismo. Exiliado como tantos otros, lideraba el movimiento independentista canario. Fundador de MPAIAC, días después tenía previsto exponer en un Congreso de la ONU el caso canario entre otros asuntos por la descolonización de África. El estado español no podía permitirlo, así que, a través de un veterano infiltrado en organizaciones antifranquistas, fueron contratados dos mercenarios (el salmantino de 32 años Juan Antonio Alfonso González y José Luis Cortés Rodríguez, vallisoletano de 20 años) que lo apuñalaron, sin tiempo a cortarle el cuello al aparecer un funcionario argelino en el momento preciso. Los autores fueron condenados en el país magrebí, a muerte uno (conmutada después por la perpetua) y a 20 años de prisión el otro, aunque tras 7 años fueron indultados por petición del Rey Juan Carlos I y extraditados a España. El reclutador, José Luis Espinosa Pardo, que aseguró recibir órdenes del comisario Conesa, estando el presidente Suárez y el ministro Martín Villa al corriente del plan, fue condenado a 20 años por la justicia española, aunque en 7 estaba ya en libertad condicional. Se intentó que al menos el comisario Conesa declarase sobre el atentado, pero ya sabemos como se resuelven las cosas por aquí…para eso están las alfombras.

Reconstrucción del atentado contra Antonio Cubillo. Vídeo realizado por Grupo de Opinión Siete Estrellas Verdes.

 

“Los casos sin esclarecer”: ¿todo es ETA?

Martín Merkelanz Sarriegi, taxista de Oiartzun, fue secuestrado en Irún el 24 de mayo, siendo golpeado y asesinado mediante dos disparos en la cabeza. Cinco días después el grupo de ultraderecha “Batallón Vasco Español” notificaba, en un comunicado enviado al Deia, la autoría del asesinato, justificándolo con que Martín había ayudado a huir a Iparralde al miembro de ETA Aya Zulaika. El BVE aseguraba tener “ una lista de 54 abertzales que morirán como Merquelanz”. Bueno, pues resulta que si uno mira el listado de víctimas de ETA de la AVT, reproducido por numerosos medios nacionales, podrá ver el nombre del taxista guipuzcoano entre ellos, quitando la “z” final de su apellido para vergonzoso disimulo, siendo uno de esos que llaman “300 casos sin esclarecer”. Por mí que lo investiguen y que encarcelen alguien por ello.

¿Seguro que les interesa? Las páginas de víctimas de terrorismo también atribuyen a ETA el asesinato en Zarautz de Txomin Merino Arévalo el 5 de julio, aunque en su caso las dudas son más razonables ya que tanto ETA, acusándolo de confidente, como la fascista Triple A, reivindicaron el atentado, 6 disparos que le costaron la muerte.

Y suma y sigue…

La madrugada del 1 de julio, varios individuos, tras forzar la puerta, rociaron con gasolina cuatro puntos diferentes del edificio en el que se encontraba la sede del Círculo Catalán en Madrid, provocando un incendio que costó la vida por asfixia a José María García Medina, de 35 años, que se había ofrecido para cuidar del lugar por las noches. Aunque grupos de ultraderecha habían amenazado telefónicamente al centro con cierta frecuencia, poco se investigó sobre el caso, a pesar de que ya el año anterior, tras la visita tres días antes del President de la Generalitat Josep Tarradellas (ERC), varios artefactos habían estallado en la puerta del lugar.

Juan José Etxabe Orobengoa, dirigente de ETA arrasatearra, vivía refugiado en Urruñe (Iparralde). Su hermano había sido asesinado por el BVE en 1975, en el hostal que regentaba. El 2 de julio de 1978, fue ametrallado junto a su pareja en Donibane Lohitzune (San Juan de Luz) por miembros parapoliciales de la Triple A. Etxabe se salvó a pesar de recibir 6 impactos, pero Agurtzane Arregi Letamendia , de 38 años, que recibió nada menos que 11 balazos, murió en el acto. Entre los autores, estaba el mafioso reclamado por Francia Carlos Gastón, que en 1985 participaría, como reclutador del GAL, en el atentado mortal de Xabier Galdeano. Francia volvió a pedir su extradición…sin éxito. Se pegó la vida padre en la Costa del Sol como propietario de inmobiliarias, discotecas, puticlubs…hasta que apareció ahogado en su casa marbellí en 1995. Junto a él, en el asesinato de Agurtzane, participó la pareja formada por Joseph Zurita, detenido en la frontera suiza dos años después y puesto en libertad en 2 meses, y Jeanine Pueyo, detenida con drogas poco después del atentado, cuando acusó a su compañero. Acabó sus días muerta en un descampado.

ultraderecha

Agurtzane Arregi, asesinada por el BVE.

Manuel Oyola Medina tenía 45 años y 5 hijos. Militante de base del PCE y CCOO, se acababa de quedar en paro, así que fue a currar, en el servicio de orden, al concierto de Quilapayún que se celebró en Sevilla el 26 de septiembre en solidaridad con el pueblo chileno, machacado por la dictadura de Pinochet. Allí fue acuchillado en el corazón por un ultraderechista que nunca fue encontrado, entre otras cosas porque no interesó demasiado remover las cosas. Ni siquiera el PCE movió mucho el tema, tanto que, en un extraño comunicado, culpó a ultraizquierda y ultraderecha al mismo tiempo. El grupo chileno lo tuvo más claro como mostraría años después en su web, no dudando en señalar a grupos fascistas como autores del asesinato.

El 30 de septiembre fue asesinado el mecánico Antonio Carrión Muela, de 42 años, encontrado estrangulado, acuchillado y semicalcinado un día después en un descampado de Navalcarnero, Madrid. A raíz de un reportaje de un periodista que sabía demasiado, un tal Felipe Navarro, “Yale”, que pasó tres días detenido, se dio con los autores; José Luis Zazo López, que saldría de rositas como encubridor. José Luis Magaña López, que contaba con un amplio historial de asaltos desde 1971 como miembro de Guerrilleros de Cristo Rey y en el mismo año 78 por tenencia ilícita de armas. Fue encarcelado a la espera de juicio por el asesinato de Antonio. Un año después secuestró, junto a uno de los autores del atentado de los abogados laboralistas de Atocha, al director de la prisión y su familia (mujer y 4 hijos) y por esto si que fue rápidamente condenado, de tal forma que 4 años después y sin celebrarse aún el juicio por la muerte de Antonio, le dieron, a pesar del informe desfavorable de la propia cárcel, un permiso de 5 días. Se escapó…y hasta hoy.

De Juan José Vega Parra, el ultraderechista coautor del asesinato, no hay constancia de que fuese condenado más allá de la prisión preventiva a la espera de ese juicio que nunca se celebró. Seguramente saldría pronto y todo quedaría en esa vergonzosa solución tan habitual con los crímenes fascistas, dar por único autor y culpable principal al huido, ese que estará en una isla del Caribe contando batallitas.

Atentado en la redacción de El País.

ultraderecha

Integrantes del Frente de la Juventud, grupo que atentó contra El País.

El 30 de octubre iba a producirse, en la redacción de El País, el primer atentado mortal cometido por un grupo del Frente de la Juventud, que en cuatro años y con el abogado José De las Heras Hurtado como reclutador y líder, iba a actuar con total impunidad, dejando cuatro muertos y numerosos heridos y daños materiales. Carlos, uno de los conserjes —herido leve— avisó a Juan Antonio, jefe de servicios generales —herido grave, sufrió varias amputaciones—, para que lo abriese con cuidado por resultar extraño, mientras se ocultaba tras la mesa entre bromas. El conserje José Andrés Fraguas Fernández, de 19 años y natural de Castillo de Bayuela, Toledo, llegó en ese momento y se llevó la peor parte, muriendo dos días después, destrozado por la explosión de la goma2 que contenía el paquete. El atentado fue reivindicado en nombre de tres organizaciones en diferentes llamadas, en una de las cuales se quiso marear la perdiz haciéndolo en nombre del GRAPO, que rápidamente se encargó de desmentir su posible autoría. Como suele ocurrir con los grupúsculos de terrorismo fascista, por este atentado únicamente fueron condenados, a 30 años y mucho tiempo después, los autores materiales del mismo, Rafael Alfredo Gómez Álvarez, Ramiro Alejandro Rodríguez-Borlado Zapata y Pedro Bel Fernández, éste tras estar huido varios años en Venezuela. Si a dicha condena le sumamos las correspondientes al resto de atentados que cometieron, alcanzarían los 80 años en un caso y más de 110 en los otros dos. En 12-14 años estaban libres, dándose la vergonzosa circunstancia de que uno de ellos, Pedro Bel, acabase colocado de funcionario de prisiones. De las Heras huyó a Latinoamérica. El resto de miembros del grupo, integrado, entre otros, por un ex funcionario de prisiones y un ex legionario que estaba en libertad a pesar de una condena previa por su participación en el atentado de los abogados laboralistas de Atocha, no fueron condenados por el atentado de El País.

La venganza de la ultraderecha contra Argala.

ultraderecha

José Miguel Beñaran Ordeñana “Argala”.

José Miguel Beñaran Ordeñana, “ Argala ” era natural de Arrigorriaga, Bizkaia. Ideólogo de ETA desde una perspectiva marxista-leninista, fue actor principal en el “voló, voló” de cierto vehículo. El Batallón Vasco Español, grupúsculo de ultras financiado por el estado, perpetró la venganza contra éste histórico un 21 de diciembre de 1978, pocos días después del referéndum de la Constitución y cuando tenia 29 años, colocándole una bomba en los bajos del coche en el municipio de Angelu (Anglet, en Iparralde). Su cuerpo se despedazó, igual que el coche y los cristales de otros vehículos y de las viviendas de alrededor. En su funeral se cuadraron, al paso del coche fúnebre, hasta los de uniforme. Eso sí, una vez pasado el “lapsus”, detuvieron a unos cuantos y cargaron contra otros tantos. En 2003, el diario “El mundo” publicó una entrevista con un tal “Leonidas”, que admitía la procedencia militar y policial de los ocho integrantes del grupo ultra que acabó con la vida de “Argala”. Stefano Delle Chiaie, neofascista con cientos de muertos de bagaje en Italia (Bolonia) o Chile (era buen amigo de Pinochet), y como no, Euskal Herria (Montejurra) declaró años después haber participado en el atentado. Fue detenido en Venezuela en 1987, pero no se quiso indagar demasiado sobre sus vínculos con la ultraderecha y servicios secretos españoles.

Funeral de Argala.

Junto al anterior, se sospecha de la participación de Jean Pierre Cherid, francés de origen argelino que traicionó la tierra de sus padres como miembro de la OAS. Encarcelado en Francia y condenado a 30 años, huyó a España, siendo también encarcelado. Pero fue puesto en libertad y reclutado poco antes de Montejurra como reclutador del GAL, actuando tanto como BVE (desaparición de Pertur, atentados mortales contra Martín Eizagirre, Fernández Cario, las dos víctimas mortales del Hendayais, Sagardia…) como en el GAL, muriendo al explotar el coche en el que llevaba lo necesario para un nuevo atentado contra refugiados vascos, siendo llamativo el mutismo francés y español sobre su muerte y actividad. Llevaba documentación falsa a nombre de una persona real, con todos los datos correctos e incluso la misma matrícula de esa persona en un coche idéntico. Buen trabajo de sus amistades en las fuerzas de seguridad españolas, sin duda. Entre unas siglas y otras había sido encarcelado por colocar sendas bombas en una empresa en la que había trabajado y en casa del gerente que le había despedido, pero también en esa ocasión salió rápido en libertad gracias a sus contactos. Tras su muerte, su familia pidió una pensión al gobierno español por los servicios prestados.

Según investigaciones muy posteriores, al mando del grupo que atentó contra Argala, estaba un tal Pedro Martínez, “el marino”, capitán de navío que organizó, coordinó y consiguió los explosivos para la operación. Es todo lo que se llegaría a saber, ya que ir más allá supondría tener que reconocer la participación directa de gente muy influyente de la política y las fuerzas de seguridad de un estado que presume de demócrata, especialmente desde este año 1978.

Juzguen ustedes.

Eder Mitxelena Foronda.

(Visited 281 times, 12 visits today)