El pasado viernes el Senado ratificó el Tratado de libre comercio con Canadá conocido como Tratado CETA.

El Tratado CETA se incluye dentro del paquete de Tratados de Libre Comercio que se están promoviendo entre las distintas zonas de influencia de EEUU y la UE, Australia o Canadá. Supone un método de avance capitalista y de “defensa” tras el decaimiento de la hegemonía económica de estos países a favor de lo que se conoce como potencias emergentes (los países conocidos como BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
El propio concepto de libre mercado se hace incompatible con la realidad desigual entre los países del centro del Imperio y los países colonizados ya que no puede existir un mercado libre en un contexto de mercados de competencia tan desigual. Es precisamente en base a las posibilidades que estos tratados abren para aumentar la explotación, no solo de los países del tercer mundo, sino también de la clase trabajadora de los países del centro imperialista lo que hace tan atractivos estos mecanismos para las multinacionales. Además no hay que olvidar que  el Tratado internacional ratificado tiene prioridad sobre la legalidad nacional lo que provoca, como se ha visto en casos anteriores con este tipo de acuerdos, que el acuerdo comercial con la multinacional esté por encima de la propia legalidad de los países. Lo que supone una nueva pérdida de soberanía de los estados a favor de multinacionales. Así las trabas jurídicas con las que se pueden encontrar se sofocan con el deber prioritario de cumplir con el Tratado. Encontramos múltiples ejemplos… como el caso de la multinacional estadounidense
Tobie Mining Inc contra el Estado Colombiano o el de la petrolera estadounidense Occidental Petroleum Corporation contra Ecuador, por citar algunos. No obstante estamos acostumbrados ya a las demandas de multinacionales,  como la empresa de Florentino Pérez (ACS) que igual denunció al Gobierno español por el fracaso del proyecto de almacenamiento de gas llamado Castor y  sacó 1350millones en calidad de indemnización, o al peruano recibiendo 280 millones.

El Tratado de Libre Comercio con Canadá. ¿Qué repercusiones tiene?

Se elimina el 95% de los aranceles aduaneros y se flexibiliza la movilidad de las multinacionales (incluida la posibilidad de participar en concurso público de otros Estados); aún queda por determinar como afecta el choque legislativo en determinadas cuestiones como las leyes nada restrictivas sobre uso de transgénicos en Canadá. Los Tratados de Libre Comercio que se están desarrollando van acompañados de un sistema de Tribunal de Inversiones, que supone una garantía para las empresas sobre un posible choque con la legalidad de un Estado determinado. Para ello se proponía un Tribunal formado por un representante de la empresa y uno del Estado, de momento serán solo los Estados los que estén representados en dicho Tribunal, aunque eso siga sin ser una garantía de que no se vaya, como ha ocurrido anteriormente, a penalizar a los estados si no permiten el libre desarrollo de la actividad de la multinacional.
El CETA se ha trabajado durante años entre la UE y Canadá bajo un secretismo que fue denunciado por sectores políticos y sociales. Tras el Brexit, la UE, atemorizada por el deseo de más autogobierno de los países miembros, aceptó que el Tratado tuviese que ser ratificado en cada país por sus respectivas cámaras legislativas aunque ya haya sido aprobado por el Parlamento Europeo.
España ratificó en el Senado el CETA el viernes con 157 votos a favor (PP, PNV); 20 en contra (Podemos) y 60 abstenciones (PSOE). En el mes de Junio a su vez había sido aprobado en el Congreso de los diputados con el apoyo de PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT; el  voto en contra de Unidos Podemos, ERC, EH—BILDU  y Compromís; y la abstención del PSOE.