Huelga de estuduiantes octubre, 2016. Imagen: Resumen Latinoamericano.

Sobre la lucha de clases en Brasil. La necesidad de unir las luchas y la solidaridad de clase.

El gobierno ilegítimo de Temer prosigue con la serie de ataques a los derechos de la clase trabajadora. Además de la reforma laboral que precariza las condiciones de trabajo y el congelamiento de las inversiones sociales (como sanidad o educación) la represión y la violencia en Brasil se recrudecen.

La selectividad de la justicia burguesa en Brasil es clara, condenando con tanto rigor a Lula mientras que muchos corruptos reconocidos que apoyan o participan en el actual gobierno siguen libres.

En su ofensiva, el gobierno burgués de Temer ha dado un paso más, restringiendo los derechos políticos y atacando las libertades democráticas. Lula, candidato a las elecciones presidenciales ha sido condenado a prisión el 5 de abril para evitar su participación como candidato electoral, entregándose el sábado 7 de abril. La puesta en escena del juicio, su rapidez y su mediatización han querido hacer del expresidente un ejemplo. La selectividad de la justicia burguesa en Brasil es clara, condenando con tanto rigor a Lula mientras que muchos corruptos reconocidos que apoyan o participan en el actual gobierno siguen libres. Quitándose de encima el mayor obstáculo para las elecciones presidenciales y después del golpe a Dilma, la burguesía muestra que no está dispuesta a aceptar otra vez un gobierno de conciliación de clases y que la radicalización neoliberal prosiga.

La lucha de los trabajadores no puede ser exclusivamente electoral, y muchos movimientos revolucionarios entienden que es importante desarrollar y movilizar un movimiento obrero y popular brasileño para no repetir los errores realizados por el gobierno petista de conciliación de clase.

Campamento de apoyo a Lula. Imagen: Diario San Rafael.

Al mismo tiempo las agresiones violentas también se multiplican en las calles, siendo de particular gravedad en el Paraná, dos autobuses recibieron dos tiros el 27 de marzo (momento en el que Lula todavía no estaba preso), y en Curitiba, en un campamente pro-Lula cerca de la prisión de este, dos simpatizantes de Lula han sufrido disparos y han sido heridos el 28 de abril.

Todas estas agresiones se suman a los asesinatos de Marielle y su conductor el 14 de marzo. Concejala en Río de Janeiro pero también activista incansable, militante socialista, feminista, del movimiento negro y de los derechos humanos que plantó cara a las violencias policiales. Pero la muerte de Marielle no es un caso aislado: la muerte de activistas y líderes políticos a manos de los paramilitares es común en América Latina siendo Brasil líder mundial en asesinato de activistas, LGTB y negros. Represión que tiene como objetivo callar la voz de los oprimidos en los barrios, víctimas de violencias policiales, de las victimas del racismo y de las mujeres asesinadas. Como dicen los sectores revolucionarios brasileños, el mejor homenaje que se le puede hacer a Marielle es continuar la lucha en nombre los/las más oprimidos/as en Brasil.

De hecho la clase trabajadora Brasileña está llevando a cabo una serie de luchas para defender sus interés de clase e intentar parar las ofensivas del gobierno neoliberal.

Manifestación contra la reforma de la previdencia (pensiones) 19 de Febrero, 2018. Imagen: Brasil de Fato.

El 19 de febrero se realizaron manifestaciones nacionales por todo Brasil contra la reforma de la previdencia que va a realizar toda una serie de recortes en la seguridad social. De hecho el gobierno Temer suspendió el proyecto, victoria que se añade a la de los trabajadores públicos en el estado de Sao Paulo, donde diversas categorías de funcionarios se pusieron en huelga desde el 8 de abril durante veinte días y pararon una reforma que atacaba su seguridad social. Varias organizaciones de trabajadores y sindicatos entienden que son victorias puntuales dentro de la escala de retrocesos políticos y sociales, razón por la que no se puede desmovilizar ni parar las luchas.

El 21 de mayo se inició una huelga nacional asociada a bloqueos de carretera de los camioneros que piden una reducción del precio del diésel. Los altos precios del combustible en Brasil están ligados al mercado internacional y el abandono de la política de control de precios por parte de la Petrobras (política abandonada por el gobierno Temer en nombre del libre mercado).

Un sector estratégico, pues en Brasil el transporte se da mayoritariamente por carretera (al disponer de un tejido ferroviario escaso y el transporte fluvial siendo muy reducido), siendo los camiones responsables del transporte de mercancías (incluido el combustible). La movilización ha conseguido interrumpir el abastecimiento de combustibles de muchos puestos y presionar al gobierno. El movimiento de camioneros está dividido en diferentes grupos con intereses separados definidos. Por un lado, en el sector existen grandes empresas de transporte, y por otro, un gran número de pequeñas empresas y autónomos que trabajan en condiciones muy precarias que intentan sobrevivir en un mercado que se está liberalizando. Es en este contexto que el gobierno ha negociado principalmente con representantes del primer grupo resultando en una bajada de los impuestos que beneficia el lucro de las grandes empresas pero que no ayuda en nada a los más precarios. Ante esta situación muchos camioneros que no se sienten representados por intereses empresariales han continuado la huelga y el gobierno ha amenazado con una intervención militar. Demostrando que solo está dispuesto a escuchar los intereses empresariales y a reprimir con el ejército la huelga de los trabajadores que se organiza con reclamaciones propias.

Militarización y represión de las protestas.

Represión policial contra sindicalistas en Sao Paulo. Imagen: EFE.

Es importante notar la escalada de militarización que sufre Brasil en los últimos años (copa del mundo y juegos olímpicos), que se traduce por los últimos acontecimientos en Río de Janeiro. Donde el ejército intervino en febrero supuestamente para luchar contra la violencia, pero el gobierno solo usa la represión sin atacarse a las desigualdades sociales, dando así un paso más en sus ataques a las libertades individuales y democráticas. Escalada que también se emplea contra los movimientos sociales como el uso de militares para reprimir la marcha a Brasilia del 25 de mayo de 2017 y la actual intervención impedir las huelgas de camioneros y petroleros.

Siguiendo la huelga de los camioneros y ante la privatización de Petrobras, los trabajadores de Petrobras, han declarado una huelga nacional de 72 horas a partir del 30 de mayo. En solidaridad con los camioneros y ante el desmonte y los riesgos de privatización de Petrobras los trabajadores se han organizado para exigir la reducción del precio de todos los combustibles, mantener los empleos, la vuelta a una producción al máximo de la capacidad real en las refinerías asociada al fin de las importaciones extranjeras y la dimisión del director de la empresa Pedro Parente. Esta huelga de un sector estratégico unida a la de los camioneros ha arrancado una victoria: la caída de Pedro Parente. Pero la represión sufrida por los sindicatos petroleros y sus trabajadores es ejemplar: la huelga es decretada ilegal con una multa de 500 000 de reales por día de huelga aumentada a 2 millones el segundo día combinado con vigilancia militar en las entradas de las refinerías poniendo fin a la huelga. Finalmente después de la caída de Pedro Parente y una disminución del precio del diésel (financiada a expensas de recortes en sectores de intereses sociales como la educación, la salud, la investigación y programas para mujeres, jóvenes e indígenas) la huelga de camioneros también disminuye.

La huelga de camioneros y petroleros muestran la gran importancia estratégica que tienen los sectores del transporte y el combustible en un país al paralizar Brasil durante varios días.

Al mismo tiempo también ha mostrado la instrumentalización del movimiento de los trabajadores por intereses privados y la importancia de una perspectiva de clase en las luchas sindicales. Es importante poner en relieve que después de una huelga capaz de paralizar el país, la clase trabajadora no ha conseguido ningún tipo de avance, habiendo sido obtenidos ventajas fiscales para las grandes empresas y la caída de Pedro Parente.

Del mismo modo los trabajadores de ElectroBras declararon una huelga a nivel nacional de 72 horas el 11 de junio contra la privatización de la empresa y el mantenimiento de sus derechos laborales. Después de dos días de huelga con una participación del 85% de los trabajadores en la huelga el Tribunal Superior de Trabajo reprimió la huelga, obligando a mantener 75% de los trabajadores en sus puestos con multa de 100 000 reales por día que no fuese respetado. Ante esta situación los sindicatos suspendieron la huelga planteando volver a comenzarla a partir del 25 de junio.

En una situación en la que los sindicatos mayoritarios todavía insisten en luchas sectoriales y negociaciones con el gobierno, los diferentes grupos revolucionarios brasileños intentan construir una unidad en las luchas con el objetivo de convocar una nueva huelga general en continuidad de las dos huelgas generales de 2017.

Ante las reformas neoliberales, las privatizaciones, la represión y la pérdida de libertades es primordial unir la lucha.