Democracia y lucha de clases en tiempos de intervencionismo contra la Cuarta Transformación

México: reformar la Constitución a fin de rescatar la soberanía energética contra el saqueo de empresas como Iberdrola

Discurso y práctica de la clase dominante en el Estado, la transición a la democracia fue la respuesta echada a andar para legitimar medidas neoliberales impuestas, en una flagrante contradicción. Tal teorización se postula al tiempo de haber emprendido el régimen una guerra de exterminio contra la insurrección indígena zapatista y organizaciones revolucionarias armadas. Salir del guion proimperialista por el actual gobierno de México ha resultado imperdonable para The Economist, órgano de la aristocracia financiera (1) según definición de Marx, y ahora caballo de batalla del capital financiero. En su Índice de democracia acomodan en el mismo saco a AMLO y a Bolsonaro como “populistas iliberales (2)”, y desde luego adscriben como “regímenes autoritarios” a Nicaragua y a Venezuela.

Adoradores del fetiche cuantitativista construyen índices para combatir a los enemigos de la democracia burguesa (formal, electorera e insustancial). Uno de los componentes de su arbitraria metodología se refiere a libertades civiles: Chile con 9.12 en escala de 10, España con 8.24; tan sólo como perlas que obvian la bestial represión a las masivas manifestaciones por el pinochetista cuerpo carabinero o el encarcelamiento de raperos por “injuriar al rey” o a los impulsores del referéndum por la independencia de Catalunya en el segundo caso. Armados de positivismo filosófico pretenden dar un estatuto científico a su tipología de regímenes políticos con un ejercicio más bien numerológico.

Octavio Paz fungió como ideólogo de un segmento encumbrado en la esfera intelectual, dispuesto a poner precio a su voz de crítica periférica con su figura de un ogro filantrópico gubernamental autoritario pero paternalista, represor, pero con guante aterciopelado. Él mismo adhirió a la reforma política de los setenta en el siglo XX para lograr la plena modernización de un régimen patrimonialista sin escatimarle reconocimiento de legitimidad. La realidad social se cubría de plomo y sangre de desaparecidos políticos, ejecutados y masacrados tanto quirúrgica como masivamente. A la par se dilapidaba (o se invertía) parte del erario para cooptar opositores en la militancia, el periodismo o la academia.

Todo eso se pasa por alto en una especie de teleológico fin de la historia si se cumplía una etapista democracia formal, electoral y partidocrática, a fin de llevar a cabo el ajuste neoliberal pactado con el FMI para fundir los salarios reales de los trabajadores mexicanos, así como expulsar al quinto círculo del infierno más allá del ejército industrial de reserva. Otro ingrediente sería la continuada acumulación originaria para despojar a comunidades de la tierra. En los noventa se elevó a paradigma envidiable al español Pacto de la Moncloa que revigorizó al régimen para fundir la simbiosis monarquía/parlamentarismo, y su respectivo aperturismo económico hacia el proyecto europeísta del imperialismo atlantista. Se trataría de dejar atrás un partido de Estado (PRI) en pro de un pluralismo. Una completa estafa de la soberanía popular si acudimos a su desarrollo ulterior en los grandes fraudes electorales en los comicios presidenciales de 1988 y de 2006.

Este repaso es formal e insustancial de no incorporar como pieza clave de este régimen autoritario al corporativismo y control operado hacia los sindicatos oficiales como su base clientelar para impedir la independencia política de la clase obrera. Lo mismo hacia el campesinado, pero la contradicción fundamental se articula entre la lucha trabajo-capital. Tal control férreo es un cimiento de nuestra formación económico-social en lo político; el movimiento obrero negado como sujeto: pasivo, silenciado y reprimido, con líderes sindicales impuestos cupularmente y al servicio de la burguesía. La tecnocracia neoliberal asumió el programa de la flexibilidad laboral para dar vida a la criatura del neocorporativismo para alternarlo con el viejo corporativismo; el primero como cabeza modernizada de los trabajadores de la educación y del llamado sector servicios como la telefonía, y el segundo se enraizaba en la gran industria en crisis como la siderúrgica, automotriz y textil.

Su funcionamiento como correa de transmisión requería de negociar escaños en las cámaras legislativas para sus líderes corruptos. La crisis del capital, gestionada bajo en neoliberalismo, impulsó la contratación individual en demérito de la colectiva, legalizó la subcontratación, borró del mapa a la antigüedad laboral y promovió la brutal disminución del salario mínimo real a menos de la tercera parte de su monto en 1976 hacia 2018. Otro hecho significativo fue la disminución de la participación de los salarios en el PIB como lo registra la propia estadística oficial, al contribuir con 38 por ciento a fines de los ochenta, hasta caer a 26.7 por ciento una década después (siempre menor al 30 por ciento en los años posteriores).

En suma, los propios sindicatos corporativos impusieron el cercenamiento de derechos laborales consagrados en la Constitución de 1917 y del movimiento obrero luego controlado oficialmente. Hacerlo posible tuvo como fundamento el impedimento de elecciones democráticas para elegir dirigentes gremiales, con disidencias encarceladas o reprimidas; pero con todo eso en contra el movimiento sindical independiente protagonizó heroicas batallas (con los médicos, maestros, ferrocarrileros, automotrices, electricistas). Como lo demostró la acción de las organizaciones revolucionarias armadas, las posibilidades de lucha por una transformación social radical, desbordaba todo margen dentro de los cauces institucionales.

En esta lógica, podía permitirse la simulación pluripartidista, una mayor presencia de la oposición en cargos gubernamentales y representativos, e incluso la alternancia en la presidencia de la república (Fox en el año 2000). De hecho, la reforma política impulsó la representación marginal de los partidos distintos al oficial para desfogar el conflicto social y así conducirlo oligárquicamente. En este horizonte aparece la teoría y práctica de la transición a la democracia. Una constelación de movimientos, sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda habían puesto a prueba la capacidad del régimen para mantener su control, al conjuntarse en diferentes esfuerzos para concurrir a la arena electoral. Como grandes damnificados de las crisis del capital, al cerrarse la posibilidad de disputar los liderazgos sindicales por el férreo corporativismo, encuentran salida organizativa y participativa en el movimiento urbano, en las universidades, en las luchas campesinas por la tierra: la democracia negada en el gran plano nacional electoral y sindical, se pelea en los barrios, ejidos, escuelas. De paso, gran parte de la militancia de izquierda se forjó en esas múltiples batallas por la transformación política y social.

La lucha de clases por la independencia de la clase obrera se enfrenta a hercúleos desafíos fallidos, y se escapa al terreno más inmediato, pero no menos trascendente de la lucha ciudadana: un desplazamiento clasista a la periferia de la contradicción central en lo político. A la par de la caída salarial, también cae la parte de riqueza -plusvalía captada fiscalmente- invertida en servicios e infraestructura para los trabajadores, campesinos y capas medias (subsidios, escuela pública, vivienda, abasto popular). Miseria como futuro distópico de la crisis. Fuga también evidenciada por la insurgencia zapatista protagonizada por los considerados prescindibles: indígenas mexicanos como variable exógena a los tecnócratas por no ser rentables ni funcionales en la lógica de la acumulación y la competencia en tiempos de “libre comercio” y “financiarización”.

La acumulación de capital llevada a cabo en la gran industria con los procesos de flexibilización laboral para liquidar derechos colectivos, en pro de elevar la cuota de plusvalía y atenuar la caída de la cuota de ganancia, también adelgazó las propias filas de las grandes centrales corporativas al grado de que en 2018 ya la tasa de sindicalización se reducía al 12 por ciento en un estado vegetativo desde el año 2000, en picada desde la década 1980.

The Economist refrenda la visión liberal, burguesa y antirrepublicana de conducción política: el empuje popular debe ser anatemizado como populismo a conjurar si irrumpe la momificada institucionalidad y se acoge a la organización de asambleas o figuras de democracia directa como el plebiscito, referéndum y otro tipo de consultas que permiten escalar en consciencia. Entonces debe conjurarse todo peligro de desbordar los límites institucionales de la osificada dominación burguesa en sus contornos exclusivamente liberales que hacen del concepto democracia burguesa un oxímoron a salvaguardar. Esos canales condujeron las políticas neoliberales de ajuste y choque. En México el principal impulsor de la democracia participativa (contenida en la Constitución política) ha sido destacadamente el propio presidente de la República desde su anterior rol como dirigente opositor, y como jefe de gobierno de la capital del país, en una combinación de movilización social como combustible de la participación electoral.

En esa medida ha recibido los más cruentos ataques desde la oligarquía, más que a su propia investidura, ello se dirige en contra de todo reclamo popular organizado; sobre todo si se trata del desafío obrero por su independencia política y sindical. Eso lo ha evidenciado el pujante movimiento obrero 20/32 de la industria maquiladora de la frontera norte y el reciente triunfo del sindicato independiente automotriz de General Motors que arrebata la dirigencia sindical a la mafiosa Central de Trabajadores de México en elección secreta. Hay claroscuros como la preservación de la dirigencia sindical petrolera por parte del grupo corrupto que repitió sus prácticas corporativistas en elecciones recientes. La Cuarta Transformación encabezada por AMLO abre las compuertas a la participación política en varios frentes a condición de romper la jaula de hierro de la democracia simulada y formal. La respuesta de algunos sectores del gran capital ha sido desarrollar una guerra mediática con signos de golpe blando judicial al trabar el avance en el poder judicial, como ocurrió con la reforma a la industria eléctrica nacional para refrendar la soberanía y detener el saqueo emprendido por empresas extranjeras (principalmente de EU y España).

El siguiente gran ejercicio participativo es la celebración de una consulta (10 de abril) sobre revocación de mandato a mitad del periodo presidencial, en que por ley se obliga al Instituto Nacional Electoral (INE) a organizarlo. Al estar controlado este órgano por una camarilla opositora a la transformación en curso ha debido responder una amplia campaña ciudadana para lograr la reunión de firmas necesarias a efecto de obligar al instituto a realizar la consulta. Esa cúpula del INE refrenda la transición a la democracia, que condena como populismo aquello en desafío a tan restrictiva concepción. Se ha construido un frente opositor de derecha con el PRI, el PAN, organismos cúpula empresariales, grupos de ultraderecha y los medios hegemónicos de comunicación. Toda una gama que tiene al órgano electoral federal como puntal de sus privilegios.

Definitivamente hay acometida contra el rescate de la soberanía nacional y condena a la movilización popular bajo las etiquetas de populismo y régimen híbrido como califica a México y otros países la clasificación de The Economist. La energía social acumulada en años de lucha no tiene otra alternativa más que rebasar la estrechez liberal de la institucionalidad establecida para erradicar todo vestigio neoliberal en lo económico.

Epílogo golpista en escalada

Para apuntalar la descalificación derechista e injerencista como la de The Economist, a instancias de diputados del Partido Popular en el Parlamento Europeo, este órgano aprobó una resolución para acusar directamente al gobierno de México como responsable por generar un clima de supuestos ataques contra “periodistas independientes”. Evidentemente no podía faltar la acusación hacia López Obrador de emplear una “retórica populista”. Se acusa prácticamente al gobierno mexicano de la responsabilidad por los asesinatos a periodistas, cuyo saldo inicia y se recrudece bajo la presidencia de Felipe Calderón y de Peña Nieto, con total impunidad. No faltó en las diatribas pronunciadas en la tribuna del europarlamento que se tiene un clima de inseguridad a las inversiones de empresas como las de electricidad, y asomó así la presión contra México en tiempos de discusión legislativa para reformar la Constitución a fin de rescatar soberanía energética contra el saqueo de empresas como Iberdrola.

Tal resolución ameritó una digna y firme respuesta del gobierno presidido por AMLO que no dudó en calificar a los europarlamentarios que aprobaron el pronunciamiento “como borregos a una estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación” (3).

Nuestra historia sigue demostrando la imposibilidad de revertir la agresividad del gran capital mientras prevalezca como eje institucional de la dominación, una democracia liberal burguesa. Necesario se hace luchar por una democracia participativa y eso sería apenas un medio para romper las férreas estructuras heredadas por el neoliberalismo autoritario.

Notas:

(1). Como lo recuerda el periodista Ricardo Sevilla, y agrega que fue dirigido ese órgano por Herbert Spencer, reaccionario filósofo del darwinismo social. Pinche AQUÍ para enlace web.

(2). Término acuñado por Fareed Zakaria para denominar a regímenes políticos que celebran elecciones, pero a pesar de ello no se conducirían bajo cauces liberales: destapan como el mal la caja de pandora del miedo a la irrupción de las masas populares como sujeto protagónico por encima de la institucionalidad de hierro, para lograr la inamovilidad de una lucha interburguesa por medio de sus aparatos partidista. Pinche AQUÍ para enlace web. 

(3). Principal impulsor de la resolución fue Leopoldo López Gil, alojado en el PP por José María Aznar y padre del también golpista y criminal Leopoldo López. Una Internacional del golpismo y del lawfare escala su intervencionismo para defender los intereses de sus intereses capitalistas englobados en la “iberósfera”, como peculiar complejo energético-mediático-ultraderechista. Para colmo los diputados que no votaron a favor no votaron tampoco en contra y se abstuvieron. En el Europarlamento no hay defensores genuinos de los procesos soberanos en América Latina.

Fuentes:

• Paz, Octavio. El ogro filantrópico. Vuelta, Ago/78.
• The Economist. Index Democracy 2021.
• Samaniego, Norma. La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado; Feb/2016.
• Movimiento 15/10 emplaza a huelga para exigir un aumento salarial de 15% en maquiladoras de Matamoros. El Financiero. Pinche AQUÍ para enlace web.
• El Movimiento 20/32 toma fuerza laboral y sindical de la mano del T-MEC. El Economista. Pinche AQUÍ para enlace web.