La concepción marxista del derecho: El caso de México

“El poder Judicial: el más pesado grillete contra la transformación política mexicana“

En ocasiones se eleva al Estado a una categoría tal en que existe por sí mismo independientemente de las clases. Por extensión de esta lógica, los tres poderes clásicos que conforman el Estado: ejecutivo, legislativo y judicial serían también categorías obligatorias e independientes una vez que se conciben.  Esta idea es falsa y Carlos Marx criticó esta postura como “el fetichismo del Estado” en su obra magna El Capital. Ni el Estado ni sus poderes existen por sí mismos, sino que están conformados por personas. La definición tradicional del Estado en la ciencia política refiere que éste necesariamente tiene que contar con un territorio, una población y un gobierno; de modo que, si el Estado fuese un ente independiente de sus elementos, como mecánicamente parecen afirmarlo algunos, la definición recién referida no tendría ningún sustento. Cualquier institución política o jurídica pudiese ser un Estado. En otras palabras, bastaría la declaración de quien fuese para crear y disolver Estados.

Como ha quedado expuesto los tres poderes tradicionales que conforman al Estado están compuestos por personas. Estas a su vez defienden intereses de clase o su visión política está subordinada a un interés de clase. Al respecto es importante no confundir el origen de clase de determinado individuo, con en beneficio de qué clase actúa este mismo individuo. A saber, un asalariado puede actuar tan en defensa de la clase burguesa, como un burgués puede actuar en favor de la clase proletaria, independientemente del origen de clase de cada uno de ellos. En palabras llanas, existe tanto el fenómeno del pobre votando por el rico, como el de ricos o burgueses de origen haciendo política a favor de los pobres, aunque esta última situación sea más bien la excepción.

Es indiscutible que para avanzar la agenda política de la clase a la que pertenecen o sirven ciertas personas, éstas intentarán orientar en su beneficio a las distintas instituciones del Estado, incluidos sus tres poderes. Para lograr esto es necesario que esta clase domine el escenario político por sí misma o en alianza con otra. En la división tradicional de poderes es importante alcanzar primeramente la supremacía en el poder legislativo y/o en el ejecutivo (dependiendo si se trata de un sistema parlamentario o presidencialista), para luego utilizar ambos poderes para moldear al restante, el judicial.

Uno de los componentes de la construcción del Estado es el derecho. Este elemento es importante porque fabrica las normas por medio de las cuales la obtención del poder político será legal. Aquí debemos recordar que el derecho forma parte de lo que Marx llama “las superestructuras de la sociedad”, o sea, componentes que dependen de la base económica, sobre la cual descansa dicha sociedad. Pero Marx no quería decir con esto que el derecho, las leyes, la constitución o el aparato judicial dependiesen de la bolsa de valores; sino que este entramado jurídico, esta superestructura legal depende de la orientación de la política económica del Estado, en otras palabras, del sistema económico del Estado, en términos marxistas, del modo de producción, verbigracia feudal, capitalista o socialista.

De este modo el derecho, es decir, el marco jurídico, las leyes, son accesorias y/o dependientes de la naturaleza del Estado, que a su vez está determinada por su política económica. En otras palabras: el derecho no crea ni modela al Estado, sino viceversa. El Estado se dotará a sí mismo de un marco jurídico adecuado a su naturaleza, ya sea a través de reformas legales parciales o procesos más profundos emanados de revoluciones que a su vez pueden o no terminar en nuevas constituciones. El proceso jurídico por el cual el Estado se dota de leyes puede ser tan variado como el mismo derecho lo haya previamente estipulado, o como el nuevo poder político haya creado expresamente un nuevo derecho para cumplir con sus propósitos.

A de modo de ejemplificar, un Estado con sistema de producción capitalista debe dotarse de leyes que, por ejemplo, prohíban restricciones al mercado; permitan los monopolios, acaparar las tierras en manos privadas, el trabajo asalariado y disminuyan al Estado en la vida económica a su mínima expresión, etc. Por otro lado, un Estado socialista debe construir un marco jurídico que permita repartir o colectivizar la tierra, prohíba o regule fuertemente el trabajo asalariado, prohíba los monopolios y le permita al Estado actuar en la vida económica para garantizar cierta repartición de la riqueza, etc.

La interacción entre la lucha política y el derecho como instrumento, pero también como territorio de este campo de batalla, se percibe de manera nítida en el caso de México. En este país la clase social burguesa más conservadora, corrupta y rapaz ha sido derrotada electoralmente, pero solo ahí donde puede ser derrotada a través de los votos, es decir, en los poderes ejecutivo y legislativo. Sin embargo, esta clase sigue encontrando su refugio en las estructuras antidemocráticas del poder judicial y en los organismos con cierta autonomía legal, creados durante el largo periodo de los gobiernos neoliberales, como el Instituto Nacional Electoral (INE) Estos recovecos del Estado mexicano se han convertido en auténticos quistes cancerígenos dentro del macroorganismo o cierta superestructura; atendiendo a la metáfora del Estado/Levitan enfermo, del que nos hablaba Thomas Hobbes desde el siglo XVII.

Para modificar esta situación se precisa una extensa reforma legal en México, es decir, remodelar profundamente el derecho vigente. Quizá inclusive sea necesaria una nueva Constitución. Más aún si consideramos que la actual Constitución, la de 1917, prácticamente no existe. Esta Ley fundamental ha sufrido tantas reformas durante el citado periodo neoliberal, que su esencia original se ha perdido casi por completo, y nadie, analizándola desde la actualidad, pudiese suponer que es una carta magna emanada de una profunda guerra revolucionaria. Inclusive, aunque esta Constitución no hubiese sido tan reformada, su longevidad que ya suma más de un siglo, haría necesaria su profunda reforma o, inclusive, su sustitución conservando y fortaleciendo el sentido de sus originales tesis revolucionarias.  En otras palabras, cualquiera que sea la vía: sea su reforma, o sea la creación de una nueva Constitución, el nuevo marco jurídico mexicano deberá retomar los preceptos de la Constitución original de 1917 que fueron verdaderos logros y conquistas del proceso histórico de México, sobre todo en el campo de los derechos sociales y del fuerte rol del Estado en la educación y en la vida económica nacional. Además, se deberá actualizar y enriquecer con otros aspectos que no fueron tratados en 1917, como la cuestión de los pueblos originarios, el medio ambiente y otros propios de nuestro tiempo.

Pero la razón más importante sobre la necesidad de reformar o sustituir el marco jurídico sigue siendo sustancialmente una razón política: adecuarlo a la nueva orientación de la economía política que el pueblo ha decidido a través de las urnas desde el año 2018 con la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador y una plataforma o programa antineoliberal. Esta tendencia electoral no parece debilitarse sino, por el contrario, fortalecerse, lo que legitimaría al próximo(a) presidente y los próximos legisladores para continuar el desmantelamiento de las estructuras neoliberales, hasta abolir y superar de manera completa y definitiva dicho modelo económico. Esto significaría el retorno del Estado a la actividad económica como garante de los derechos sociales básicos y como motor de un desarrollo a favor de los más necesitados y no de los oligarcas, es decir, un verdadero desarrollo nacional, independiente y soberano

Para lograr este objetivo el eventual nuevo marco jurídico deberá reestructurar la manera en que el poder judicial es elegido y se configura, para evitar que este poder siga excluyéndose, como lo ha venido haciendo, de la voluntad popular; una condición que es de primer orden para los otros dos poderes. Así pues, la elección de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los jueces de todas las instancias, principalmente, deberá ser sometida al voto popular. Esta reconfiguración jurídica deberá también, necesariamente, transformar al órgano electoral que por el momento es el INE. Este ente autónomo se ha erigido, en la práctica, como un cuarto poder, con un presupuesto económico exorbitantemente; que actúa por encima de sus atribuciones, actuando constantemente en detrimento de la democracia política e instrumental y de la equidad en la competencia electoral.

Por último, el movimiento político que encabeza el presidente Andrés Manuel se denomina así mismo como “la cuarta transformación”, tomando en consideración que la primera fue la obtención de la independencia; la segunda, la lucha por el Estado laico y la consolidación de la República, en la guerra de reforma; y, la tercera, el resultado de la Revolución Mexicana de 1910. Todos estos momentos históricos concluyeron con una nueva Constitución que moldeó al Estado mexicano y lo encaminó a la obtención de sus metas como nación: las constituciones de 1824, 1857 y 1910 respectivamente. Esta nueva etapa seguramente habrá de coronarse, tarde o temprano, con un nuevo texto constitucional cuando las condiciones así lo permitan y/o lo hagan de extrema necesidad. De no ser así, el Poder Judicial seguirá siendo la rémora y cicatriz permanente del periodo neoliberal en México. Se convertirá en el más pesado grillete que impedirá avanzar y profundizar la transformación política del país en beneficio de la clase trabajadora.

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