La fase insurreccional

El arranque de año para Venezuela significó la derrota de un momento histórico

Con la instalación en la República Bolivariana de Venezuela de la Asamblea Nacional, institución que fue renovada electoralmente para el período constitucional 2021 – 2026, se vinieron al suelo algunos aspectos mientras otros parecen revivir como viejas amenazas latentes.

El arranque de año para Venezuela significó la derrota de un momento histórico digno de análisis serio por cualquier instancia académica de estudio de la política. Toda clase de acciones fueron ejecutadas para llevar a buen puerto la tesis del llamado “cambio de régimen” como nueva fórmula sustitutiva de la ruta electoral, la democracia y el respeto a las leyes como vía para avanzar propuesta política alguna.

Instalación de la Nueva Asamblea Nacional

Al menos siete años (2013 – 2020) cuenta la República Bolivariana de Venezuela de esta lógica insana, anticonstitucional, de lógica existencial y de búsqueda de formas de lograr algo parecido a lo que fue en su momento el derrocamiento de Salvador Allende en la Chile de 1973 y la reinstauración de una nueva operación cóndor en nuestra región.

La realidad es que la institucionalidad democrática dispuesta en la Constitución Nacional de 1999, el pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se conjugaron de manera firme para derrotar una a una cada táctica tendiente a hacer valer la decisión violenta, el atajo para derrocar al chavismo y aniquilarlo como comunidad política, incluidos factores hoy críticos del proceso bolivariano.

Siguiendo una secuencia cronológica podemos identificar, grosso modo, los hitos de este período histórico cuya base está en la determinación de aprovechar el fallecimiento del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, para eliminar políticamente todo vestigio del proyecto bolivariano.

En el año 2013 esto arranca desde el desconocimiento del resultado de la elección presidencial de abril, donde Nicolás Maduro sale electo por algo más de 300mil votos de diferencia contra Henrique Capriles. El llamado del candidato opositor desató una violencia que cobrará la vida de más de 11 personas, sumada la quema de varias casas del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela; por supuesto las pruebas del proclamado fraude electoral nunca fueron  presentadas.

Hugo Chávez y Nicolás Maduro

A partir de este proceso EE.UU, a través de la administración Obama y con el marco legal aprobado por demócratas y republicanos en el Congreso, desarrollará su abierta agenda de agresión económica. La declaración del 9 de marzo de 2015 de Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de EE.UU, aunque no es el punto de arranque de esta variante de ataque multiforme al país ya que para 2013 empiezan a verse signos de la imposibilidad del gobierno y de PDVSA de acceder a financiamiento, si oficializa abiertamente la implementación de dispositivos de asedio, hostigamiento y bloqueo económico.

En febrero del año 2014, y luego de una derrota clara en las elecciones municipales de diciembre del año anterior, la oposición decide activarse con una variante de revolución de colores en las calles de Venezuela, lo denominan “la salida” sin otro propósito que no sea salir del gobierno del Presidente Maduro. A los daños materiales varios meses de violencia, iniciada en febrero de ese año, se sumarán 43 fallecidos.

Guarimbas en Venezuela

La derrota vía desgaste político de esta operación y el esfuerzo de diálogo impulsado desde el gobierno venezolano, especialmente anclado en reencauzar a la oposición al juego democrático, culminará en diciembre de 2015 con una clara victoria de la derecha en las elecciones de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional en el marco de una Nación que empezaba a ver los efectos del asedio económico y de una nueva fase de la crónica crisis estructural de la renta petrolera que viene agobiando al país al menos desde los años 70 del siglo XX.

Haciendo un paréntesis, durante su mensaje anual ante la Asamblea Nacional el Presidente de la República Nicolás Maduro refirió como el producto de la agresión económica contra Venezuela redujo en casi 99% los ingresos vía renta petrolera, siendo que más del 96% de todos los recursos que entran al país provienen de esa exclusiva fuente.

Tan dramáticos números serían imposibles de observar sin la utilización del Poder Legislativo Nacional (período 2016 – 2021) en un reimpulso del plan conspirativo y agresión sistemática y multiforme contra la República Bolivariana de Venezuela. La lógica existencial de eliminación del adversario siguió signando la conducta política de una oposición que en mal momento creyó que su victoria era la ratificación del plan desarrollado desde 2013.

Tal cosa quedó clara al proclamar la salida del Jefe de Estado de la presidencia de la República en el marco de seis meses, como lo afirmaría el primer presidente del parlamento en aquel nuevo quinquenio constitucional Henry Ramos Allup.

Ni los esfuerzos de diálogo, ni el emplazamiento al desarrollo de la ruta revocatoria, dispuesta en la constitución pero saboteada internamente por los factores extremistas que veían amenazado su plan de violencia, pudo reducir siquiera esta fase táctica del mismo plan.

La imposibilidad política de reducir el conflicto, promovió fórmulas jurídicas para evitar que la violencia regresara al país. Fue imposible, ya en marcha estaba la alianza entre la Asamblea Nacional y el Ministerio Público para fortalecer un nuevo episodio de violencia en las calles del país, lo cual fue imposible parar desde el Tribunal Supremo de Justicia.

Con la misma decisión de 2014, es decir buscar el golpe de Estado y la instauración de una dictadura sangrienta en Venezuela, se desarrolla “la salida II” con una violencia recargada al punto de generar un clima tal que, en más de 4 meses causará 163 fallecidos e incalculables daños materiales a bienes privados y patrimonio público.

Leopoldo López, promotor de la Operación La Salida

La vía institucional para reducir esta violencia fue el llamado realizado por el Presidente de la República a la activación de una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo proceso de construcción  y participación masiva el 30 de julio de 2017, aunado a las acciones realizadas una vez instalada para encauzar democráticamente y judicialmente a las instituciones en rebelión cercenó en definitiva esta nueva fase de violencia, pero no detuvo en ningún modo la agresión económica así como nuevas variantes impulsadas desde la Casa Blanca.

En agosto de 2017 el departamento del tesoro activará una nueva batería de decisiones en directa agresión al corazón económico de la República, PDVSA, con el apoyo decidido de la Asamblea Nacional que pedía abiertamente el ejercicio de la máxima presión posible en pro de fraguar un quiebre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buscaban sin dudar su Pinochet del siglo XXI.

En el marco del mensaje del Presidente Maduro, se esbozaron números dramáticos de esta agresión de la cual la saliente Asamblea Nacional fue abierta tributaria: a) las pérdidas para PDVSA y por ende para la Nación son de más de 100mil millones de dólares durante el quinquenio de la Asamblea Nacional saliente; b) en el año más reciente PDVSA sufrió un período de 13 meses sin poder vender una gota de petróleo perdiendo más del 69% de la producción petrolera producto de la política de asfixia impulsada por el gobierno de los EE.UU; c) el secuestro de CITGO y MONÓMEROS son parte de esta agenda en abierta violación del derecho internacional; d) desde el año 2013 al 2017 Venezuela pagó obligaciones de deuda por 109.619millones de dólares, eso se detuvo en agosto de 2017 con la nueva escalada de sanciones del gobierno de Donald Trump; e) Los acreedores de Venezuela, fundamentalmente estadounidenses que poseen bonos, han perdido más de 77mil millones de dólares productos de las acciones implementadas por el gobierno de Donald Trump contra las finanzas del país.

A estos tips de agresión económica, apenas una ventana de las más de 400 decisiones ejecutivas para asfixiar nuestra Nación, se suma el dispositivo político de imponer un gobierno espurio y anti constitucional así como el impulso de un estatuto de transición que procuraba revivir la fórmula implementada para la agresión y aniquilación de Libia, todo al amparo de la Asamblea Nacional.

A ello se sumará el intento de asesinato al Presidente de la República (agosto 2018); el intento de intervención por vía de invasión con el pretexto del ingreso de supuesta ayuda humanitaria por la frontera occidental de Venezuela (febrero de 2019); el sabotaje electromagnético al sistema eléctrico nacional (marzo 2019); el intento de golpe de Estado (30 de abril de 2019); así como la derrotada incursión de grupos terroristas en territorio nacional sucedido el 3 de mayo del año pasado.

Vídeo atentado contra Nicolás Maduro

Toda esta fase insurreccional de agresión multiforme contra la República Bolivariana de Venezuela (2013 – 2020), digna de un estudio mucho más profundo y pormenorizado tiene un nuevo hito a partir de la instalación de esta nueva Asamblea Nacional fruto del proceso electoral del pasado 6 de diciembre.

Esto, junto a la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en medio de una severa crisis política e institucional en los EE.UU, parece abrir las puertas a posibles nuevas situaciones de las cuales cabe al menos responder con cautela.

Sin embargo, la voluntad de diálogo interna, la necesidad de avanzar en nuevos equilibrios económicos y sociales para el país, y los mismos estragos de la pandemia covid19 parecen cimentar esta nueva situación no exenta de amenazas como la observada con el diferendo territorial  con Guyana sobre el Esequibo, o la anunciada venta de CITGO, asuntos que no pueden ser vistos al margen del contexto de agresión contra Venezuela.

Lo concreto es que la fortaleza del pueblo venezolano y sus instituciones ha prevalecido en el sostenimiento de la democracia, la paz, la independencia y la estabilidad por encima de quienes ejecutaron este esfuerzo de cambio de régimen político con el uso de herramientas divorciadas de las dispuestas en la Constitución Nacional.

Esperemos que esta nueva situación consolide una etapa en la República Bolivariana de Venezuela que transcienda esta fase insurreccional por una de conciencia y unidad nacional para el trabajo, la productividad y especialmente la recuperación del país dadas las consecuencias de unas acciones de agresión multiforme que tendrán que ser estudiadas como de abierto genocidio contra un pueblo pacífico, dejando a las elecciones la decisión de los venezolanos en cuanto a su apoyo o rechazo a los proyectos políticos en disputa democrática.

El tiempo y los hechos dirán la palabra…