Política social y militar colombiana: el discurso anticomunista perpetuado durante 70 años de exterminio

Análisis del actual escenario político colombiano: ” Que exigir nuestros derechos no nos cueste la vida. #S. O. S. COLOMBIA”

En un viraje de la política social y militar que marcó el siglo XIX y, en cierta medida, la primera mitad del siglo XX de la historia colombiana, el país se encuentra hoy en un exterminio inminente de la población civil. Si bien la política inicial era la guerra para lograr el consenso o la imposición política bajo la lógica del no exterminio sino de la sumisión del otro entendido como el ser distinto a someter para poder ser incluido en la sociedad, hace más de medio siglo la otredad política ha entrado en una dinámica de satanización y asesinato producto de las ideas fascistas impulsadas durante la primera mitad del siglo XX por grupos políticos como los Leopardos y otras figuras ideológicas del partido Conservador colombiano, como Laureano Gómez y Gilberto Alzate Avendaño.

No es de extrañar entonces las reiterativas masacres y asesinatos sistemáticos que ha vivido el país desde, aproximadamente, 1950. El otro político, a partir del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, fue construido desde el discurso de la élite política dominante como un enemigo interno, como un cáncer que es necesario extirpar para así poder lograr el progreso nacional. Liberales, comunistas, líderes sociales, excombatientes de diversos grupos subversivos, campesinos, indígenas, profesores y estudiantes son tan solo algunos de los grupos sociales que en Colombia hacen parte de los casi 10 millones de víctimas que hoy se cuentan a raíz del conflicto armado colombiano, siendo casi dos millones de ellas víctimas de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos acaecidos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez), desapariciones forzadas, entre otros.

La construcción ciudadana, en este sentido, se ha dado dentro del marco de dos factores importantes a tener en cuenta: (i) la cultura del conflicto, siendo esta la normalización de la muerte y exterminio del otro político; y (ii) la represión estatal de todo intento de levantamiento social, estando está marcada por el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala, promulgado después del paro nacional convocado en 1977. Este marco jurídico permitía que la justicia penal militar fuera quien juzgase a los civiles, promoviendo así torturas e incriminaciones bajo el cargo de terrorismo a, en muchos casos, manifestantes que se alzaban en contra de la política gobiernista, además de desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos. La normalización del miedo a configurarse como un otro político se volvió, de esta manera, uno de los marcos de construcción ciudadana.

Julio César Turbay Ayala

Es apenas normal, entonces, que las generaciones anteriores al año 1990 -antes de la promulgación de la Constitución Política que rige actualmente en el país- perciban al otro político como una amenaza, un vándalo, un comunista o un inadaptado, siendo estas tan solo algunas de las categorías usadas entre la población colombiana para estigmatizar a quien protesta. No obstante, entre dichas categorías resaltan la de “comunista” y la de “vándalo”, calificativos usados por el partido de gobierno y las líneas políticas afines al uribismo para argumentar y justificar el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía Nacional colombiana en las actuales protestas. La vinculación necesaria entre comunismo y grupos armados insurgentes no ha sido algo de segunda orden en Colombia, pues la justificación constante que permite equiparar una piedra a una bala es la “infiltración” de las protestas por grupos armados.

En ese sentido, actualmente el escenario político colombiano se configura entorno a un cuasi producto de la guerra fría. El discurso político, por lo menos del gobierno, así lo demuestra. Manifestaciones públicas criminalizando la protesta social, tildándola de reductos comunistas que hacen parte de grupos guerrilleros pertenecientes al país marcan la línea retórica del partido de gobierno colombiano cuando se trata de problemáticas sociales. Incluso, invitaciones por parte de Álvaro Uribe, jefe natural del partido de gobierno, al uso de armas letales contra los manifestantes son pan de cada día en medio de este descontento generalizado. Es en este marco que el exterminio de la población civil que es percibida como el otro político sigue vigente gracias a la retórica uribista ya mencionada, además de la construcción de la figura del enemigo interno al interior de las fuerzas armadas colombianas.

La fuerza legítima del Estado pic.twitter.com/YyGSDPigbj

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 2, 2021

Al igual que la criminalización de la otredad política, la construcción del objetivo militar se da sobre la misma lógica en tanto la politización de la fuerza pública es un hecho ya consumado el cual se refuerza gracias a la protección de los uniformados por parte de la derecha radical en el país. Asesoría y defensoría jurídica en escenarios de violación a los derechos humanos, así como la insistencia en reformar la Justicia Transicional del acuerdo de Paz con las extintas FARC-EP para evitar que se juzgue a militares del Estado colombiano frente a los delitos de lesa humanidad cometidos por estos, son tan solo algunos de las actuaciones que han propiciado la construcción de un lazo de afinidad política entre derecha y militares.

Así las cosas, el escenario político-social colombiano se muestra ahora como un lugar en el que convergen políticas autoritarias muy afines al fascismo europeo de la primera mitad del siglo pasado y políticas militares encaminadas a terminar con la vivencia corpórea y política de todo el que esté perfilado como un otro político, siendo justificado esto bajo la lógica del exterminio del comunismo y del terrorismo colombiano. Es en este orden que la zozobra reina en el país cuando se sale a protestar, más teniendo en cuenta que durante esta semana de manifestaciones son más de 30 los asesinados por parte de la fuerza pública, además de cerca de 10 agresiones sexuales y casi 100 desapariciones por cuenta del mismo cuerpo institucional. De este modo, la política del miedo se perfila como el actuar del gobierno Duque en la actualidad, llegando al punto en el que al momento de la escritura de este texto la población civil se encuentra bajo la amenaza de la declaración de un Estado de Conmoción, figura constitucional que le permite al gobierno someter al país bajo un Estado de Sitio.

Por último, y fuera del breve análisis político que tiene como objeto la escritura de las presentes líneas, es necesario decir que exigir nuestros derechos no debe ni puede costarnos la vida; que la retórica uribista, línea política a la cual pertenece el presidente Iván Duque, no puede seguir justificando la masacre de la población civil que desde el momento de su posesión a la fecha de hoy suma ya casi 1000 muertos entre líderes sociales, excombatientes acogidos por el Acuerdo de Paz firmado en el 2016, manifestantes y campesinos. Que no se puede permitir que el genocidio político de la Unión Patriótica que le costó la vida a casi 1620 personas se repita ahora con la excusa de que todo el que diga “No más Uribe”, “Queremos educación, “Queremos salud” y “Nos están matando”, se vuelva la excusa para que personajes políticos como María Fernanda Cabal, Luis Fernando Hoyos, Iván Duque, Diego Molano, Paloma Valencia, Marta Lucía Ramírez y su jefe natural Álvaro Uribe, nos amenacen de muerte, bombardeen niños y nos quiten el derecho a una vida digna. Que exigir nuestros derechos no nos cueste la vida. #S. O. S. COLOMBIA