Esquina entre la Calle Monte Igueldo y la Calle de Santa Julia donde se van a instalar una de las cámaras de seguridad. Fotografía Javier Fernández Rincón.

Vigilar, castigar y especular. Las noticias hablan: “la instalación de veinticinco cámaras de seguridad en Puente de Vallecas servirá para frenar la delincuencia”.

El origen de la delincuencia es la desigualdad, y la videovigilancia no la puede resolver, sino que la traslada a otros lugares.

Sin caer en artificios mediáticos las cámaras no van a solucionar ningún problema, únicamente lo invisibilizarán de cara a la opinión pública. La consecuencia inmediata de su instalación –ya observada en otros procesos- será el desplazamiento de personas y actividades “molestas” a otros espacios del barrio donde no exista la videovigilancia. Es, por tanto, necesario saber identificar cuáles son los fines reales que hay detrás de este tipo de soluciones ya conocidas que se demandan y aplican en algunas zonas de la ciudad pero no en otras.

Si lo que se busca es mejorar la imagen de un sector concreto de la ciudad mediante la reducción o eliminación de actividades ilícitas y de dinámicas modestas para los cánones de la buena convivencia y conducta social y urbana, no cabe duda de que la instalación de cámaras de vigilancia cumple su función. Sin embargo, señalar que la presencia de estas máquinas acaba con el negocio del narcotráfico, con la prostitución y la trata de mujeres es, básicamente, afectar discursivamente a los imaginarios individuales y colectivos y, con ello, a la representación simbólica que se tiene de dicho sector urbano.

Las estrategias del miedo y de la correspondiente securitización en lo urbano son prácticas ya viejas y de uso común en los marcos de las alianzas público-privadas que dominan la construcción y ordenación de la ciudad según intereses especulativos. Hacer atractivo un sector o barrio de la ciudad a las inversiones de capital pasa por ello, y son los poderes públicos los que debe actuar primero, entre otras cosas, sobre el espacio público, parte fundamental del espacio urbano que afecta directamente sobre la valorización de la parte privada. Cabe aquí recordar que, como consecuencia de la denominada crisis inmobiliaria, el nuevo modelo de urbanismo, amparado por nuevas normativas para el mercado de suelo y vivienda, se focaliza sobre los “tejidos urbanos existentes” (LRRRU -EDL 2013/104919). El negocio ya no está en la creación de ciudad nueva, sino en la existente. ¿Son el bulevar de Puente de Vallecas, el barrio de Bellas Vistas de Tetuán o Lavapiés ámbitos de oportunidad o targets de este nuevo modelo urbanístico?

Panorámica de la Calle Monte Igueldo. Fotografía de Javier Fernández Rincón.

Francisco Pérez Ramos, concejal del Distrito de Puente de Vallecas, anunció la propuesta de instalación de cámaras de vigilancia y la petición de más efectivos policiales el 16 de noviembre de 2017. Ocurrió un día después de que una gran manifestación desfilase por las calles del distrito demandando más inversiones públicas y la paralización de la especulación que asola el barrio. Entonces la Junta Municipal del Distrito solicitó un informe a la Dirección General de la Policía de Madrid. En él se informa de la futura localización de esas cámaras que funcionarán las veinticuatro horas del día trasmitiendo al centro de control de la unidad de videoseguridad de la Policía Municipal. Cuatro de ellas serán fijas y las veintiuna restantes serán de tipo DOMO motorizadas con un giro de 360º. Las veinticinco cámaras estarán situadas en la Calle Monte Igueldo y sus alrededores. El Ayuntamiento ya ha procedido a pedir autorización a la Delegación del Gobierno. Parece ser que este procedimiento puede durar unos meses hasta su instalación definitiva. Mientras tanto el aumento de policía en la zona es una constatación.

Las cinco chimeneas de la central térmica del “ecobarrio” de San Diego. Fotografía de Javier Fernández Rincón.

En paralelo a esta política tiene mucho que ver con el pistoletazo de salida del famoso “ecobarrio” de San Diego que proyectó Alberto Ruiz-Gallardón y que Manuela Carmena se ha propuesto a recuperar. Un proyecto claramente más elitizado -o por lo menos así lo pretende la institución- con las posibles imposiciones de los inversores de “limpiar” el barrio para proceder a la inversión. Una vez más se pone de manifiesto a quién sirve el Ayuntamiento frente a los vecinos: a los inversores.

No es baladí recordar que en Vallecas y en otras zonas de la ciudad, hay ámbitos y bolsas de pobreza, infraviviendas, drogadicción,… pero ahí no se instalan cámaras ni se fija a la opinión pública. Esto es porque no han alcanzado la centralidad suficiente ni son aún atractivas para los capitales. El Triángulo del agua o Fontarrón pueden ser un ejemplo en Vallecas, pero también San Cristóbal de los Ángeles u Orcasur. A estas zonas ni se las nombra y su situación es alarmante. A todo esto hay que sumar el histórico abandono institucional que sufren.

“No a la central térmica”. La oposición al proyecto se manifestó desde su comienzo. Fotografía de Javier Fernández Rincón.

Por todo ello, la verdadera prioridad del Ayuntamiento debe de ser mayor inversión en servicios públicos y la paralización de la actuación de la piqueta especulativa. La gran inversión que va a suponer la instalación y mantenimiento de estos dispositivos de seguridad y el aumento de policía, debe ir destinada a políticas públicas. La degradación del barrio está auxiliada por el propio poder -político y financiero- que dan “soluciones” para un problema creado por ellos. Aquí es donde la propaganda del miedo juega un papel trascendental y contribuye a su extensión, haciendo que vecinos demanden una política que va en contra de sus intereses. Todo esto se suma a la ya clásica estrategia del mercado de criminalizar socialmente según qué zonas de la ciudad, fomentando el miedo y el racismo entre la vecindad. Todo ello, para favorecer, a mejor precio, la entrada de inversores. El mismo concejal del distrito defendió esta política afirmando que las cámaras iban a “contener la decadencia en las calles”, cuando han sido desde las mismas instituciones las que han abandonado al distrito. Poniendo en evidencia una vez más la inexistencia de alternativas para resolver el problema especulativo creciente de nuestra ciudad, además del resultado de una ausencia de políticas públicas reales en los barrios obreros.

El origen de la delincuencia es la desigualdad, y la videovigilancia no la puede resolver, sino que la traslada a otros lugares. De esta forma, se hace prioritario cuestionarse las relaciones de poder existentes para alcanzar a comprender la envergadura del problema que se plantea en estos momentos. Es urgente la necesidad de tejer redes vecinales de organización fuera de las instituciones, ya que realiza un seguidismo peligroso a las políticas neoliberales del anterior ejecutivo. La transformación del barrio no debe de guiarse por puro mercantilismo, sino por las necesidades reales de sus vecinos.

Javier Fernández Rincón.
China C. Cabrerizo.